Reforma al Código Penal planteada por Murat, un grave retroceso



Oaxaca de Juárez, Oax.- Las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) propuestas por el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, representan un grave retroceso al desarrollo del sistema de justicia penal, aseguraron por medio de un pronunciamiento  60 organizaciones de la sociedad civil.

Las agrupaciones inconformes sostuvieron que el sistema judicial debe proteger los derechos de las víctimas e imputados, respetar el principio de igualdad procesal y operar con los controles, contrapesos y estándares altos, preceptos que son afectados por la propuesta hecha por Murat.

Organizaciones como Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL), Causa en Común, el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (CEPIADET) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, aseguraron que entre las propuestas hechas por Murat resalta una que  influye en el  concepto de presunción de inocencia y medidas cautelares, donde se imponen medidas cautelares contra el acusado a pesar de que éste no haya sido vinculado a proceso, además de que plantea la obligación del juez de determinar e imponer medidas cautelares en el periodo de retención ministerial, violando la presunción de inocencia.

Además, señalaron que una segunda modificación radica en la ampliación de los riesgos de fuga para aplicar la prisión preventiva oficiosa, donde la propuesta de Murat establece agregar como consideración de riesgo de fuga el hecho de que el imputado tenga procesos penales o administrativos previos por conductas dolosas.

Lo anterior, abundaron las organizaciones, implica una violación al principio de inocencia y una presunción de culpabilidad, así como una estigmatización para aquellos ciudadanos  con antecedentes penales, así como una promoción al punitivismo.

La reforma, según los inconformes, también plantea que si el fiscal acusó por un delito distinto al que probó, será obligación del juez corregir dicho error, lo que lo convierte en parte, cuando éste sólo debe dirigir la audiencia, por lo que tal propuesta se traduciría en una violación al principio de congruencia de la acusación hecha por el ministerio público.

Además, señalaron que el proyecto también contempla que si algún ciudadano es acusado de un delito y por alguna razón éste no cumple con un citatorio del fiscal, ello sería suficiente para presumir que existe riesgo de fuga, solicitar una Orden de Aprehensión y, por tanto, restringir la libertad personal.

De esa forma, abundaron, se incentiva la fabricación de actuaciones para obtener órdenes de aprehensión a diestra y siniestra, y se derogan garantías de seguridad, como la puesta inmediata a disposición del juez”.

Además de que, por último, se propone que baste el señalamiento de una sola persona para que se configurara la detención en flagrancia, lo cual Implicaría la formalización de criterios inconstitucionales que la SCJN ya ha resuelto.

Ante ello, las organizaciones hicieron un llamado urgente para que legisladores, gobernadores y funcionarios se abran a una discusión abierta, incluyente y reflexiva en caso de que pretendan dar luz verde a tal paquete de propuestas.

ÁLVARO MORALES

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