Caro Quintero tramita nuevo amparo contra orden para extraditarlo



El fundador del cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, quien se encuentra privado de la libertad en el penal del Altiplano, estado de México, promovió un nuevo amparo ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de México, contra la orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos.

El juez admitió a trámite la demanda de amparo, quien le concedió la suspensión de plano contra actos de incomunicación que dice ser objeto en la prisión federal donde se encuentra recluido desde el pasado 15 de julio.

A su vez, el impartidor de justicia fijó el próximo 25 de agosto a las 10:15 de la mañana para que se realice la audiencia constitucional en la que determine si se otorga la suspensión provisional contra los actos reclamados.

“Se admite a trámite la demanda de amparo. Intervención del agente del ministerio público. Con fundamento en el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Representante Social de la adscripción la intervención que le compete. Ahora bien, respecto a la suspensión de plano correspondiente al acto reclamado consistente en la incomunicación, deberá estarse a lo acordado en proveído de 22 de julio del año en curso. Por otro lado, por lo que respecta a los actos reclamados consistentes en la orden de reaprehensión y la detención con fines de extradición a Estados Unidos de América, por separado y por duplicado tramítese el incidente de suspensión, por así haber sido solicitado por el quejoso” señala el resolutivo.

Hasta agosto de 2013, Caro Quintero cumplía una sentencia por el asesinato de Enrique Camarena Salazar, integrante de la agencia antidrogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés), pero salió de la cárcel mediante un amparo, el cual fue revertido dos años después por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En tanto, el gobierno de Estados Unidos solicitó a las autoridades mexicanas sea extraditado con el fin de que comparezca ante la justicia de ese país, lo cual fue autorizado por la SCJN el 9 de octubre de 2019.

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