Editorial
Todavía no cicatrizan totalmente las heridas causadas al magisterio y organizaciones sociales por la represión policial del 2006, cuando el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz decidió someter por la fuerza a los grupos que tradicionalmente se movilizan y presionan para exigir atención a lo que llaman “la demanda social”.
Convencido por sus más cercanos colaboradores, en especial por su secretario de Gobierno, Jorge Franco Vargas y los mandos policiales que lo respaldaban, Ruiz Ortiz decidió jugarse su futuro político y el que pretendía que fuese su sucesor, con una operación que planeaba el desalojo de maestros y miembros de diferentes organizaciones sociales, que se mantenían en plantón en el Centro Histórico de esta capital.
Más tarde buscaría justificar el fallido operativo policial de desalojo del plantón pacífico del Zócalo capitalino, con el argumento de que su gobierno no recibió el apoyo comprometido por el Gobierno Federal, de las fuerzas federales solicitadas.
La decisión del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz llevaría a Oaxaca a un escenario de violencia, ingobernabilidad y parálisis de la economía estatal, cuyos daños fueron cuantiosos, hasta que la crisis política obligó al Gobierno Federal a intervenir con las fuerzas federales para llevar a cabo detenciones masivas de maestros, dirigentes sociales y ciudadanos que más tarde documentarían graves violaciones a los derechos humanos.
La transición de gobierno en la República hizo que el ex gobernador negociara su permanencia, aunque el severo daño económico estaba hecho, además de la ruptura del tejido social que tardó en restaurarse, aunque no totalmente.
Con motivo del XI aniversario de la represión de 2006, miles de trabajadores de la educación agrupados en la Sección 22 de la CNTE, se manifestaron ayer para condenar nuevamente el uso y abuso de la fuerza pública, con la exigencia de castigo al ex gobernador Ruiz Ortiz, quien habiendo sido responsabilizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de violentar las garantías y los derechos humanos de cientos de oaxaqueños, aún no ha sido enjuiciado penalmente.
Once años no han sido suficientes para que muchos oaxaqueños olviden aquellos años del conflicto social que generó una decisión de gobierno equivocada y autoritaria, pues habiendo amplios antecedentes de la disposición del magisterio y los grupos sociales al diálogo y los acuerdos, el gobernador en ese momento optó por la vía de la fuerza y reprimió al pueblo oaxaqueño.
Después del sexenio de Gabino Cué, hoy cuestionado por graves actos de corrupción de sus principales colaboradores, algunos de los cuales han sido detenidos y sujetos a proceso penal; el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa asumió la ruta del dialogo y logró acuerdos que, en el marco de la nueva legislación educativa, han permitido retomar una relación institucional que bajó la protesta y la movilización, para asumir como prioridad la tarea educativa en las aulas.
El pendiente más importante es el reclamo de justicia de los familiares de las víctimas de otro operativo policial coordinado que arrojó ocho muertos y decenas de heridos y detenidos, en Asunción Nochixtlán, cuyo primer aniversario ocurrirá el próximo lunes, fecha en que nuevamente los maestros marcharán para exigir la aplicación de la ley a los mandos responsables de los homicidios y del abuso de la fuerza pública.
