La impunidad de PEMEX



Editorial

La Refinería de PEMEX en Salina Cruz ha ocasionado enormes e incalculables daños económicos, ambientales, sociales y humanos en la región del Istmo de Tehuantepec, pero no ha resarcido el mínimo porcentaje de esos daños, no ha fincado responsabilidad a sus funcionarios y no ha mejorado sus mecanismos y protocolos de seguridad, porque ha sido favorecida por la impunidad.

La impunidad es la madre de todos los vicios en México y los servidores públicos de la Refinería “Antonio Dovalí Jaime” de Salina Cruz, no han sido sancionados administrativa y penalmente por negligencia y por corrupción, lo que se ha traducido en accidentes diversos que han costado la vida a empleados y personas ajenas a PEMEX, daños ambientales incalculables que se reflejan, por ejemplo, en la muerte de especies marinas, y que impactan también en la economía de los pescadores de comunidades colindantes con las instalaciones petroleras.

Una investigación seria, responsable y profesional permitiría establecer el grado de responsabilidad de los funcionarios de PEMEX en la Refinería de Salina Cruz, porque en opinión del líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, las explosiones últimas cuyos daños se estiman en 3 mil millones de pesos, tuvieron que ver con la falta de mantenimiento a sus instalaciones.

Esta investigación permitiría documentar si tuvo que ver en las explosiones, la extracción ilegal que según los vecinos de la Refinería, llevan a cabo empleados y funcionarios de PEMEX en complicidad con los “huachicoleros”, la otra versión de los “chupa ductos”, que trafican con combustibles que no salen legalmente de las instalaciones petroleras.

Abundan los testimonios del daño ambiental que provoca la Refinería de Salina Cruz, con fugas de combustible, explosiones como las que ocurrieron en los últimos días, o por diferentes accidentes que terminan contaminando lagunas y litorales a tan grado que se puede apreciar residuos de hidrocarburos en las playas, donde el agua arroja peces muertos.

Los accidentes en instalaciones petroleras tienen que prevenirse con estrictas medidas de seguridad, con mantenimiento, capacitación a los trabajadores y equipamiento que permita reducir los daños. PEMEX tiene el deber de prevenir los accidentes y evitar daños a sus trabajadores y a la población civil que habita en las zonas colindantes, pero en las últimas explosiones fue necesario evacuar a los pobladores que estaban expuestos no solo a la contaminación sino también a las explosiones y al fuego posterior que consumió unos 500 mil barriles de combustible derramado.

Como suele ocurrir cuando ocurre una tragedia, diputados de la LXIII Legislatura local han exhortado a PEMEX a asumir su responsabilidad y prevenir los accidentes, resarcir el daño ambiental y los daños a los habitantes y pescadores, pero es un llamado tardío que refleja más bien el oportunismo de los legisladores priistas y perredistas, porque no hubo acciones previas ni habrá el seguimiento a la investigación y a las acciones posteriores.

Resulta absurdo que PEMEX haya renunciado a sus responsabilidades en casos de accidentes y que, al estilo electorero de los partidos y actores políticos, termine entregando despensas y apoyos con programas de empleo temporal, cuando está obligado a investigar posibles negligencias y sancionarlas, resarcir los daños ambientales e indemnizar a las personas y familias afectadas por la contaminación que generan los derrames y explosiones.

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